El ex alcalde socialista del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido imputado por un delito de prevaricación al adjudicar, en 2006, el contrato de recogida de basuras a la empresa Cespa aún a sabiendas de que el Consistorio no tenía dinero para pagarlo, según informa José Carlos Aguado en elmundo.es.
Sánchez ha sido llamado a declarar el próximo 2 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, junto a los cuatro concejales del PSOE que completaban la junta de gobierno que aprobó la adjudicación de este contrato, y que también están imputados del delito de prevaricación. Se trata de la actual edil socialista en el Consistorio bollullero Rosario Rosado y de los ya ex concejales David Benjumea, Davinia Palacios y María Dolores Ramos.
Esta nueva imputación del ex alcalde del PSOE por prevaricación, la tercera ya que a día de hoy está procesado en otras dos causas abiertas por irregularidades urbanísticas, parte de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de solicitar al juzgado de La Palma la apertura de una investigación para depurar las “posibles responsabilidades penales” en las que pudo incurrir el Ayuntamiento, al adjudicar dicho contrato aún siendo conocedor de que no disponía de fondos suficientes para abonar el servicio.
De esta forma, a principios de 2011 el Alto Tribunal andaluz libró testimonio al juzgado palmerino para que incoara diligencias penales a raíz del pleito que la empresa adjudicataria abrió contra el Ayuntamiento ante el impago de 327.000 euros, es decir, la totalidad de los servicios prestados desde que se contrató. Un juzgado le dio la razón, pero el anterior equipo de gobierno –comandado por una coalición de ex ediles de IU y del PP— interpuso recurso en el TSJA.
La sala de lo contencioso administrativo del TSJA sostuvo en su resolución que los miembros de la junta de gobierno local que adjudicaron el 2 de mayo de 2006 el contrato para la recogida de basuras pudieron haber incurrido en delito “al constar en el expediente administrativo un informe de intervención de inexistencia de crédito suficiente, y un informe jurídico en el que se indica la existencia de causa de nulidad” del contrato. Así se recoge en la sentencia a la que tuvo acceso EL MUNDO de Andalucía.
El TSJA argumentó, además, que el informe de la intervención sobre la falta de crédito para hacer frente a pago del servicio de recogida de basuras “no impidió que la Corporación continuara con el expediente de contratación y adjudicara el contrato, dando lugar a que por el adjudicatario se comenzara a la prestación de los servicios, sin que en ningún momento se pudiera en su conocimiento la existencia de reparo alguno o causa de nulidad”.
Dos imputaciones
El ex alcalde socialista de Bollullos se encuentra en la actualidad procesado por prevaricación en dos casos relacionados con presuntas irregularidades en la construcción del recinto ferial y de un parque de la localidad, el Ramos Mantis.
En el primero de ellos, hay siete concejales y ex ediles socialistas imputados, además de Carlos Sánchez, por un supuesto delito de prevaricación cometido en la recalificación de terrenos rústicos para ubicar el recinto ferial de la localidad, así como en la permuta de los terrenos, la contratación de obras y el inicio de los trabajos de urbanización en zona no urbanizable.
Los hechos se remontan también a 2006, cuando el equipo de gobierno comandado por Sánchez dio el visto bueno a la recalificación de los terrenos rústicos donde se ubicaría el recinto ferial a pesar de los informes en contra de la Intervención y la Secretaría Municipal y de la propia Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
En 2009, el Ayuntamiento, gobernado por ex ediles de IU y el PP tras una moción de censura, denunció los hechos ante los tribunales, al entender también que las permutas prometidas a los propietarios de los terrenos se hicieron con bienes futuros que no existían y con los informes también en contra de la Secretaría y la Intervención.
Además, el equipo de gobierno socialista encabezado por Carlos Sánchez decidió comenzar las obras del recinto ferial cuando todavía el suelo era no urbanizable, según la denuncia presentada por el Consistorio. De hecho, la Junta de Andalucía llegó a paralizar los trabajos en dos ocasiones. El Consistorio también denunció que Sánchez otorgó las obras “a dedo”, sin que mediara expediente de contratación alguno.
En su declaración ante el juez en noviembre de 2010 durante tres horas, el regidor socialista llegó a reconocer que las obras de urbanización se desarrollaron sin que mediase concurso público, actuación que justificó asegurando que se trataba de un proyecto de interés general.
Por otro lado, Sánchez también está procesado por prevaricación en el denominado ‘caso Ramos Mantis’, por supuestas irregularidades en el proceso de reforma del parque del mismo nombre, y que sigue su camino en los tribunales.
el que lo haiga echo que lo pague sino que no ubiese cometido los fraudes cada granuja en su lugar y que pagen por lo que ahiga echo
ResponderEliminar