CSI-F exige el “cese inmediato” del delegado de Medio Ambiente por “enchufar” a familiares y afines al PSOE

El sindicato CSI-F exigió ayer el “cese inmediato” del delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, el socialista Juan Manuel López, por “enchufar” a familiares, allegados y personas vinculadas al PSOE de Bollullos Par del Condado –localidad natal del delegado– en distintas dependencias adscritas a su departamento, como son la Secretaría General de Aguas en Huelva o la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), según informa José Carlos Aguado en El Mundo.

Asimismo, la central sindical reclamó a la Intervención de Hacienda y a la Inspección del Servicio que “investiguen estas contrataciones irregulares”, tras publicar El MUNDO Andalucía que cinco personas que mantienen alguna relación familiar, de amistad o política con López encontraron acomodo laboral en la Delegación, a través de empresas o agencias públicas sin haber superado ningún concurso oposición, desde 2008, año en el que el socialista fue elegido como responsable de Medio Ambiente en la provincia onubense. Es el caso, por ejemplo, de una sobrina de una prima hermana de su mujer o el marido de una prima hermana del propio delegado.

De esta forma, el CSI-F instó a que “se esclarezcan estas irregularidades que son más que habituales en las delegaciones provinciales de la Junta”, ya que según subrayó el sindicato, “este listado de colocados a dedo no es más que la punta del iceberg”.

“La Delegación de Medio Ambiente es una agencia de colocación fruto de la política de empresas públicas que ha implantado la Junta en los últimos años y que también contempla la polémica reordenación del sector público”, remarcó.

En este sentido, el CSI-F acusó a Juan Manuel López de hacer de la delegación que dirige “un cortijo para hacer y deshacer a su antojo obviando los procesos selectivos y los procedimientos legales”, al tiempo que calificó de “extrema gravedad” que “el personal colocado” esté trabajando actualmente en dependencias de la Junta “sin contrato”, si bien el sindicato se mostró convencido de que “ya se estará intentando que los enchufados regularicen su situación laboral”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, acusó ayer a los funcionarios de su delegación en Huelva de iniciar una “operación política de desprestigio de la Junta, de acoso y derribo a un Gobierno que defiende antes que nada a los trabajadores y luego los servicios públicos”.

A preguntas de los periodistas en Córdoba, Díaz Trillo afirmó que estas acusaciones “no tienen fundamento” y negó con rotundidad que en la delegación onubense hayan entrado ‘a dedo’ familiares de Juan Manuel López o personas vinculadas al PSOE de Bollullos.

“En esta Consejería, como en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, se entra por concurso de méritos, oposición o por otro tipo de concurso siempre con contraste o con toda la legalidad por delante. No hay nada ilegal aquí”, recalcó.

A juicio de Díaz Trillo, en el último año y medio se ha intentado “atacar” a una empresa pública, Amaya, donde hay trabajadores “que tienen toda la dignidad de un trabajo y el acceso absolutamente contrastado”. Por ello, invitó a quien piense que existe alguna “irregularidad” a acudir a los tribunales.

Respecto al malestar generado entre funcionarios de la delegación de Medio Ambiente en Huelva por haber mantenido los contratos a familiares, allegados y afines al PSOE de esta provincia a costa de otros trabajadores que están más cualificados, el consejero indicó que “no es lógico” que los mismos que proclaman y vociferan en la calle que a la Administración se ha de entrar después de haber superado una oposición “protesten al mismo tiempo porque se acabe un contrato temporal que tiene un tiempo”.

Por otro lado, el CSI-F denunció ayer el traslado, “en furgonetas de la extinta Egmasa con destino a la provincia de Sevilla”, de expedientes de dominio público hidráulico que contienen “información confidencial sobre concesiones”. Según este sindicato, estos traslados “carecen de razón y de legalidad”, ya que estos expedientes “sólo pueden resolverse por funcionarios y están siendo destinados a una empresa privada sevillana sin motivo aparente”.