Se les conoce como “el clan de Bollullos”. Trabajan en dependencias vinculadas a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, ninguno ha superado un concurso oposición, pero todos tienen alguna relación -sea familiar, de amistad o política- con el delegado, el bollullero Juan Manuel López, según informa para El Mundo José Carlos Aguado.
El pasado 2 de diciembre, este departamento de la Administración autonómica en la provincia onubense no renovó el contrato a técnicos especialistas que llevaban años, e incluso décadas, trabajando para la delegación a causa de los recortes que está aplicando el Gobierno andaluz. Sin embargo, los del “clan de Bollullos” siguen en sus puestos. “Son los intocables de Juan Manuel López”.
El delegado de Medio Ambiente es uno de los hombres fuertes del PSOE en Huelva. Miembro de la ejecutiva provincial socialista, tras las elecciones andaluzas de 2008 fue elegido para ocupar este cargo en la Junta , después de sumar ocho años al frente de la Delegación de Agricultura y Pesca. Al poco de desembarcar López en Medio Ambiente comenzó la incorporación de vecinos de su pueblo en departamentos adscritos a su cartera a través de la empresa pública Tragsa o la ya extinta Egmasa, ahora Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). De esta manera, accedieron a sus puestos sin tener que superar ninguna oposición, es decir, a dedo.
Entre los miembros de este grupo, se encuentran algunos familiares. Es el caso de Mercedes García Barrera, sobrina de una prima hermana de la esposa del delegado que trabaja en la Secretaría General de Aguas en Huelva, concretamente en el Servicio de Administración llevando temas de personal.
En la misma Secretaría, está contratado como personal laboral de la Delegación el marido de una prima hermana de Juan Manuel López. Mario Ramos Cano accedió a una plaza de oficial de segunda a través de una oferta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Anteriormente se dedicaba a montar antenas de televisión y alarmas.
La vinculación del resto del “clan de Bollullos” con el delegado de Medio Ambiente es política, bien por su militancia directa en el PSOE bien por ser familiar de algún afiliado destacado de la agrupación socialista de la localidad.
Yolanda Orta Ortiz es esposa del ex concejal socialista en el Consistorio bollullero Antonio José Valdayo Cano. Trabaja en el Servicio de Administración de la Secretaría General de Aguas realizando labores relacionadas con la gestión de personal.
Antonio Rojas Saavedra fue en la lista del PSOE de Bollullos, como suplente, a las elecciones municipales de 2007 y 2011. Trabaja en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, antigua Egmasa, gestionando expedientes de asuntos relacionados con el dominio público hidráulico.
Por último, María Teresa Pérez Jiménez también es empleada de la Agencia de Medio Ambiente y Agua y se encarga de la tramitación de temas relacionados con el dominio público hidráulico. Su padre, Juan Pérez Alcántara, es un militante de los llamados históricos del PSOE de Bollullos y amigo personal del delegado.
Indignación entre los funcionarios
Funcionarios de la Delegación de Medio Ambiente ya están “hartos” de la utilización de la administración autonómica para “colocar” a familiares y allegados de Juan Manuel López, así como a miembros del PSOE de Bollullos. La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión, hecha efectiva el 2 de diciembre, de no renovar el contrato a técnicos especialistas con una extensa experiencia profesional, “y, en cambio, mantener en sus puestos a estas personas que no tiene cualificación alguna y que llevan aquí unos pocos años”.
Además, el funcionariado está “indignado” por el hecho de que estos miembros del “clan de Bollullos” estén “usurpando nuestras funciones”, teniendo acceso a documentos y material de la administración “que sólo puede gestionar un funcionario, como asuntos de personal”.
[MULTADO POR ENTRAR EN DOÑANA SIN AUTORIZACIÓN]
El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Manuel López, fue multado el pasado verano por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por transitar con un vehículo por el Espacio Natural de Doñana sin la autorización correspondiente.
Según reconoció el propio López, cuando fue parado por los efectivos del Seprona en un control a la salida de Doñana disponía de tan sólo un “permiso verbal” del director del Parque Nacional para circular por el interior de la reserva, autorización que no cumplía los requisitos establecidos para poder transitar por el espacio. Por este motivo, los agentes de la Benemérita interpusieron una denuncia que fue tramitada como una infracción administrativa contra la Ley de Costas por circular sin autorización por zona de dominio marítimo-terrestre, y de la cual nada más ha trascendido hasta la fecha.
Pese a que diversos grupos ecologistas, como WWF, exigieron al delegado que diera unas “explicaciones detalladas” sobre el incidente, éste aún no ha ofrecido más aclaración que las escasas declaraciones que realizó a los medios de comunicación al hacerse pública la noticia. En ellas, López afirmó que había acudido en auxilio de un grupo de amigos a los que se les había averiado el coche en el interior de Doñana y que, por este motivo, pasó por el punto de control de entrada y salida al Parque Nacional “unos quince minutos más tarde de su cierre”.
A juicio de WWF y Ecologistas en Acción, la explicación dada por el delegado no fue nada “convincente”, por lo que le reclamaron un “relato claro, completo y detallado de lo ocurrido” y no sólo “una retahíla de frases hechas y meras excusas que generan dudas”.
Para ambas organizaciones conservacionistas, que el máximo responsable de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Huelva fuese sancionado por circular por Doñana sin permiso dio la imagen de que el Parque Nacional “es un coto privado donde puede entrar y transitar cualquiera por tener un cargo público”.
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