No es un tema que me agrade utilizar como crítica política. Hay cosas mucho más importantes y que se silencian u olvidan. Pero a menudo se critica lo que cobran los liberados del Ayuntamiento por parte de sujetos a los que se les olvida mirar en su propia casa.
Os dejo unos enlaces para que comprobéis las retribuciones de un parlamentario andaluz, que además es portavoz y está en no sé cuántas comisiones.
En este enlace veréis los “cargos”. En este otro lo que se cobra por cada uno (cojan calculadora y sumen).
Tampoco escapa mal el portavoz de un grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Huelva. Recuerdo que Don Pedro Jiménez es uno de ellos, portavoz de un grupo de dos. Casi “ná” lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) ha revelado que los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida, así como 57 familiares directos o políticos de estos, han sido contratados por el Consistorio, la mayoría de ellos en el último mandato municipal. El Ayuntamiento, la principal empresa del pueblo, también ha dado trabajo a miembros del comité local de IU, partido que gobierna en Manilva, con la alcaldesa Antonia Muñoz al frente, y a los integrantes de la candidatura de la coalición de izquierdas en el cercano municipio de Benahavís, formada casi íntegramente por militantes manilveños.
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Según la denuncia, la regidora tiene empleados a 13 parientes
La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, forma parte de las diligencias de investigación 80/2010, abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Isabel Conejo. La juez, que fue la primera instructora del caso Astapa, contra la corrupción municipal en Estepona, investiga también una serie de facturas, que totalizan al menos 69.854 euros, pagadas por el Ayuntamiento a dos empresas del esposo de la regidora, en una de las cuales tiene el 50% de la propiedad.
Según la denuncia, Antonia Muñoz, imputada en esta causa por delitos contra la integridad de la Administración pública es, de lejos, la edil que tiene más familiares trabajando para el Ayuntamiento, un total de 13. La mayoría de ellos, afirma el escrito de UGT, son primos hermanos y familiares directos de estos.
Otra edil con numerosos familiares trabajando en el Ayuntamiento es Francisca López. Según la denuncia, la encargada de Bienestar Social tiene siete parientes. Francisco Medina, número ocho de la lista y contratado como director de área, tiene a seis familiares, entre ellos una hija y una prima, la cual ha pasado de estar contratada de forma temporal a indefinida. Otro director de área, Miguel García, número 11 de la lista, comparte empresa con un hijo y tres hermanos, afirma el escrito de UGT. A través de su gabinete de prensa, el Ayuntamiento ha rechazado la llamada de EL PAÍS para contrastar la información.
Aunque, según el comité de empresa, la mayoría de las contrataciones se han realizado en este mandato, algunos de los familiares que trabajan para el Ayuntamiento ya lo hacían antes de las elecciones de 2007. Según la denuncia, la cuñada del concejal de Obras, Mario Jiménez, y un hermano del edil de Recursos Humanos, Diego Díaz, contratados desde la legislatura anterior, han pasado de tener contratos temporales a indefinidos.
Uno de los problemas más acuciantes de la economía municipal es la extensa plantilla de empleados públicos, más de 500, que con el brusco descenso de los ingresos urbanísticos ha tenido dificultades para cobrar sus nóminas con puntualidad.
UGT presentó una denuncia inicial y la juez Conejo les exigió que detallaran los hechos. En una ampliación, relataron que las empresas Carpintería Valentín SL y Muebles Valentín SL, ambas pertenecientes al esposo de la regidora, Valentín Carayol, han facturado entre 2009 y 2010 no menos de 69.854 euros al Ayuntamiento. Esta cifra corresponde a las facturas a las que ha tenido acceso el comité de empresa. "Creemos que son muchos más trabajos y algunos de ellos realizados mediante subcontratas, pero el Ayuntamiento no nos ha facilitado las facturas".
Fuentes cercanas a la alcaldesa señalan que las supuestas irregularidades tienen más que ver con el ámbito administrativo que con el penal y aseguran que muchos de los familiares empleados en el Ayuntamiento trabajaban para el Consistorio mucho antes de que Antonia Muñoz llegara a la alcaldía. Los denunciantes señalan que muchos de los trabajadores entraron en el municipio sin pasar procesos de selección, algo que las mismas fuentes califican directamente como "una mentira".
Ya está bien de quejarse de las retribuciones de los concejales. Yo pienso que cualquier persona que realizace un trabajo de cualquier clase debe ser remunerado y especialmente si prestas tu imagen y tienes una responsabilidad tan grande como velar por los intereses de los ciudadanos de un pueblo, ciudad, etc. Lo que creo es que los sueldos deben estar controlados de alguna manera para que nadie abuse de los mismos. De tal forma que cada uno cobre según titulación, cargo, puesto io responsabilidad. Un saludo
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