Durante más de tres horas compareció el ex alcalde de Bollullos Carlos Sánchez en el Juzgado Número dos de la Palma del Condado, el cual le imputa un supuesto delito de prevaricación por un convenio urbanístico firmado con Josefa López mediante el cual se le eximía a la ciudadana del pago de futuras cargas urbanas "dentro de la operación de urbanización y desarrollo de núcleo residencial de Los Almendrales". Dicha operación se desarrollaba como contraprestación a una vivienda sita en la calle Calvario que se destinó a uso público.
El interés institucional en esta vivienda provenía de 1992. No obstante, no fue hasta la llegada de Sánchez al poder cuando se concretó esta adquisición pública mediante un controvertido convenio firmado en 2005 que derivó en la declaración de ruina del edificio y su posterior conversión en una plaza pública. En base a esta cesión, el Ayuntamiento asumía la totalidad de las cargas que, dentro de la operación de urbanización y desarrollo del núcleo residencial, le correspondieran a la parcela 280 y 282, propiedad de López.
Aquí radica el quid de la cuestión: Sánchez mantiene que en ningún caso se autorizó la construcción en suelo rústico sino eximirla del pago de las futuras cargas urbanas. Para la letrada de la acusación particular, Cristina Medina, el Ayuntamiento se comprometía explícitamente a realizar la tramitación urbana del espacio.
De forma sucinta, el convenio reconocía el interés del Ayuntamiento en la casa que la anciana poseía en la calle Calvario y que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1993 dejó fuera de ordenación. El valor del inmueble se "estimó" entonces en 27.292 euros, cantidad que, según la acusación, se realiza de forma unilateral y sin explicar qué criterios e informes técnicos se han seguido para tal tasación. En concreto, y a pesar de aceptar el estado ruinoso de la construcción, resulta paradójico que en pleno boom inmobiliario un solar con una superficie de89 metros cuadrados se valorase en ese precio. Independientemente de ello, el convenio fijaba que el 50% del valor del inmueble (13.646 euros) sería abonado por el Ayuntamiento en metálico a su hermana Irene (con quien compartía la titularidad del inmueble).
A juicio de la acusación, durante la comparecencia el edil ha tratado de escamotearse cargando responsabilidades "en la asesora jurídica del Ayuntamiento, el equipo de Urbanismo y el anterior alcalde", si bien considera que un hecho es irrefutable: "Toda la negociación con mi defendida se trató únicamente y directamente con él".
De otro lado, señaló que si no existió un contrato de compraventa cabe preguntarse con qué base jurídica se le retira la vivienda de la calle Calvario, lo que podría implicar "un delito más grave de usurpación". La letrada también mantuvo que Sánchez quiso exculparse asegurando que la plaza pública que se levantó sobre la propiedad privada fue inaugurada tras la moción de censura, cuando una placa cita lo contrario.
En lo que respecta al estado de "ruina" de la vivienda dela Calle Calvario , Sánchez aportó documentos municipales donde se evidencian "el grave estado de deterioro, habiéndose desplomado por zonas la cubierta y en las que no lo ha hecho se encuentra en muy mal estado…". Acaba citando el informe que el agotamiento de los elementos estructurales es notable y generalizado y que los muros se encuentras afectados por el deterioro. Con todos estos antecedes y el hecho de que se encontrase fuera de ordenación, se declaró el inmueble en ruina y la consecuente orden de demolición. La afectada mostró documentos de las negativas del Ayuntamiento a conceder la licencia de obra para restaurar la finca.
El interés institucional en esta vivienda provenía de 1992. No obstante, no fue hasta la llegada de Sánchez al poder cuando se concretó esta adquisición pública mediante un controvertido convenio firmado en 2005 que derivó en la declaración de ruina del edificio y su posterior conversión en una plaza pública. En base a esta cesión, el Ayuntamiento asumía la totalidad de las cargas que, dentro de la operación de urbanización y desarrollo del núcleo residencial, le correspondieran a la parcela 280 y 282, propiedad de López.
Aquí radica el quid de la cuestión: Sánchez mantiene que en ningún caso se autorizó la construcción en suelo rústico sino eximirla del pago de las futuras cargas urbanas. Para la letrada de la acusación particular, Cristina Medina, el Ayuntamiento se comprometía explícitamente a realizar la tramitación urbana del espacio.
De forma sucinta, el convenio reconocía el interés del Ayuntamiento en la casa que la anciana poseía en la calle Calvario y que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1993 dejó fuera de ordenación. El valor del inmueble se "estimó" entonces en 27.292 euros, cantidad que, según la acusación, se realiza de forma unilateral y sin explicar qué criterios e informes técnicos se han seguido para tal tasación. En concreto, y a pesar de aceptar el estado ruinoso de la construcción, resulta paradójico que en pleno boom inmobiliario un solar con una superficie de
A juicio de la acusación, durante la comparecencia el edil ha tratado de escamotearse cargando responsabilidades "en la asesora jurídica del Ayuntamiento, el equipo de Urbanismo y el anterior alcalde", si bien considera que un hecho es irrefutable: "Toda la negociación con mi defendida se trató únicamente y directamente con él".
De otro lado, señaló que si no existió un contrato de compraventa cabe preguntarse con qué base jurídica se le retira la vivienda de la calle Calvario, lo que podría implicar "un delito más grave de usurpación". La letrada también mantuvo que Sánchez quiso exculparse asegurando que la plaza pública que se levantó sobre la propiedad privada fue inaugurada tras la moción de censura, cuando una placa cita lo contrario.
En lo que respecta al estado de "ruina" de la vivienda de
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