La crisis sigue estrangulando, cada vez de forma más acuciante, la situación económica de los ayuntamientos de nuestra provincia. Una situación que está provocando que muchos de ellos (Valverde del Camino, Cartaya Escacena o Isla Cristina) hayan aplicado recortes tras no poder cumplir con puntualidad con el pago de las nóminas de sus trabajadores. En Ayamonte, aunque con algunos problemas, los aproximadamente 201 empleados municipales (102 funcionarios y 99 laborales), además de los 150 trabajadores adscritos a las empresas concesionarias de los servicios de limpieza, jardinería o electricidad, aún no han pasado momentos críticos, aunque sí han sido objeto de ciertos retrasos en el cobro. No obstante, el deficitario estado de las cuentas municipales de la localidad desde el año 2006, que se traduce en un desequilibrio financiero anual de 12,5 millones de euros negativos entre lo que el Consistorio gasta (21,08 millones) e ingresa (8,9 millones), ha forzado al primer edil ayamontino, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, a preparar un plan de optimización económico financiero que incluye un paquete de 28 medidas. La mayoría, encaminadas a una mayor contención del gasto municipal, y entre las que destaca la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que puede llegar a afectar a la totalidad de la plantilla municipal.
Con esta medida con la que según explicó Rodríguez Castillo en rueda de prensa, "pretendemos ahorrar anualmente en la nómina municipal un total de 3 millones de euros sin que ningún trabajador sea despedido", pese a reconocer que la plantilla municipal "está actualmente sobredimensionada ya que viene heredada de otros tiempos de mucha mayor bonanza económica".
El gasto en las nóminas municipales supone actualmente el 116% de los ingresos del Consistorio. Así, que "ni parando la actividad municipal por completo se lograría pagar la nómina municipal (10,28 millones anuales) tan sólo con los ingresos fijos del consistorio (8,9 millones/año).
Rodríguez Castillo no concretó el número de trabajadores municipales que se van a ver afectados por el ERTE ya que, según sus propias palabras, "aunque ya hemos informado del mismo a los representantes sindicales del Consistorio, van a ser finalmente ellos los que decidan cómo administrarlo", sabiendo que el principal objetivo es la reducción de unos 300.000 euros mensuales en la nómina municipal. De esta forma, pasó la patata caliente a los trabajadores, que según explicó, tendrán que decidir si prefieren reducir sus jornadas laborales, trabajar por turnos, o asistir a sus puestos de trabajo de forma rotatoria cesando durante algunos meses del año su actividad.
El primer edil ayamontino dividió las 28 medidas en cuatro apartados: contención del gasto; incremento de los ingresos; inversión para la sostenibilidad; y organizativas para garantizar la gestión económica y financiera del Ayuntamiento.
El primero y más importante, en el que se incluyen un total de 21 acciones concretas, además del ERTE contempla la reducción de entre un 40% y un 50% de los 10 concejales (8 con dedicación exclusiva y 2 parcial) que liberó el Pleno el pasado mes de julio. Otras medidas pasan por la suspensión a efectos económicos de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo -RPT-VPT- llevada a cabo por el Ayuntamiento y que va a permitir un ahorro de 700.000 euros al año; una reducción de 150.000 euros anuales en la asignación al Patronato Municipal de Deportes; una renegociación de los actuales pliegos de los servicios municipales concesionados a empresas privadas, que va a permitir un ahorro de 1,8 millones al año; o la sustitución de las actuales luminarias del alumbrado público por otras de bajo consumo, así como la externalización de su mantenimiento, lo cual va a permitir un ahorro de 600.000 euros al año.
También se contempla la reducción del 50% de la líneas de teléfonos móviles municipales que van a permitir un ahorro de 18.000 euros anuales; la renegociación de las líneas fijas de teléfono, internet y ADSL que van a suponer una reducción de entre el 15% y el 20%; una renegociación de los préstamos suscritos con las entidades financieras; la centralización de todas las compras del ayuntamiento para intentar ahorrar un 20%; la optimización del coste de consumibles y material de oficina, que va a suponer un ahorro del 25%; y la implantación de nuevos procedimientos de trabajo que optimicen los recursos y el tiempo de los empleados públicos, lo cual va a permitir un ahorro del 25%.
Igualmente, el apartado de contención del gasto incluye medidas como la reducción del 50% de las subvenciones que el consistorio otorga a los colectivos ciudadanos; la drástica disminución del gasto en festejos; la fijación de un techo de gasto en cada departamento con el que se va a producir un ahorro del 20%; pasar a renting el parque móvil y el material tecnológico municipal para ahorrar un 25%; la optimización del consumo de combustible y la renegociación con las empresas suministradoras para ahorrar un 15%; la reducción del gasto en envíos postales de un 30%; la renegociación con la empresa concesionaria del canon del servicio público de transporte urbano con la que se pretende un ahorro del 20%; la renegociación de los seguros del Ayuntamiento para ahorrar un 20%; y, finalmente, una redefinición y organización de la estructura de la empresa municipal del suelo, Tuasa, en la que se incluye una reducción de sueldos y funciones de algunos de sus miembros.
Con esta medida con la que según explicó Rodríguez Castillo en rueda de prensa, "pretendemos ahorrar anualmente en la nómina municipal un total de 3 millones de euros sin que ningún trabajador sea despedido", pese a reconocer que la plantilla municipal "está actualmente sobredimensionada ya que viene heredada de otros tiempos de mucha mayor bonanza económica".
El gasto en las nóminas municipales supone actualmente el 116% de los ingresos del Consistorio. Así, que "ni parando la actividad municipal por completo se lograría pagar la nómina municipal (10,28 millones anuales) tan sólo con los ingresos fijos del consistorio (8,9 millones/año).
Rodríguez Castillo no concretó el número de trabajadores municipales que se van a ver afectados por el ERTE ya que, según sus propias palabras, "aunque ya hemos informado del mismo a los representantes sindicales del Consistorio, van a ser finalmente ellos los que decidan cómo administrarlo", sabiendo que el principal objetivo es la reducción de unos 300.000 euros mensuales en la nómina municipal. De esta forma, pasó la patata caliente a los trabajadores, que según explicó, tendrán que decidir si prefieren reducir sus jornadas laborales, trabajar por turnos, o asistir a sus puestos de trabajo de forma rotatoria cesando durante algunos meses del año su actividad.
El primer edil ayamontino dividió las 28 medidas en cuatro apartados: contención del gasto; incremento de los ingresos; inversión para la sostenibilidad; y organizativas para garantizar la gestión económica y financiera del Ayuntamiento.
El primero y más importante, en el que se incluyen un total de 21 acciones concretas, además del ERTE contempla la reducción de entre un 40% y un 50% de los 10 concejales (8 con dedicación exclusiva y 2 parcial) que liberó el Pleno el pasado mes de julio. Otras medidas pasan por la suspensión a efectos económicos de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo -RPT-VPT- llevada a cabo por el Ayuntamiento y que va a permitir un ahorro de 700.000 euros al año; una reducción de 150.000 euros anuales en la asignación al Patronato Municipal de Deportes; una renegociación de los actuales pliegos de los servicios municipales concesionados a empresas privadas, que va a permitir un ahorro de 1,8 millones al año; o la sustitución de las actuales luminarias del alumbrado público por otras de bajo consumo, así como la externalización de su mantenimiento, lo cual va a permitir un ahorro de 600.000 euros al año.
También se contempla la reducción del 50% de la líneas de teléfonos móviles municipales que van a permitir un ahorro de 18.000 euros anuales; la renegociación de las líneas fijas de teléfono, internet y ADSL que van a suponer una reducción de entre el 15% y el 20%; una renegociación de los préstamos suscritos con las entidades financieras; la centralización de todas las compras del ayuntamiento para intentar ahorrar un 20%; la optimización del coste de consumibles y material de oficina, que va a suponer un ahorro del 25%; y la implantación de nuevos procedimientos de trabajo que optimicen los recursos y el tiempo de los empleados públicos, lo cual va a permitir un ahorro del 25%.
Igualmente, el apartado de contención del gasto incluye medidas como la reducción del 50% de las subvenciones que el consistorio otorga a los colectivos ciudadanos; la drástica disminución del gasto en festejos; la fijación de un techo de gasto en cada departamento con el que se va a producir un ahorro del 20%; pasar a renting el parque móvil y el material tecnológico municipal para ahorrar un 25%; la optimización del consumo de combustible y la renegociación con las empresas suministradoras para ahorrar un 15%; la reducción del gasto en envíos postales de un 30%; la renegociación con la empresa concesionaria del canon del servicio público de transporte urbano con la que se pretende un ahorro del 20%; la renegociación de los seguros del Ayuntamiento para ahorrar un 20%; y, finalmente, una redefinición y organización de la estructura de la empresa municipal del suelo, Tuasa, en la que se incluye una reducción de sueldos y funciones de algunos de sus miembros.
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