jueves, febrero 16, 2012

Concesión de agua ‘exprés’ para regantes representados por la mujer de un alto cargo de la Junta en Huelva

El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Manuel López, concedió en tan sólo 19 días más de 1,2 millones de metros cúbicos de agua a la Comunidad de Regantes Corumbel-Corunjoso representada por Cristina Armendáriz, la mujer del gerente de la Secretaría General de Aguas en la provincia, Antonio Agúndez, expediente en el que no constan informes preceptivos ni la intervención de ningún técnico de su departamento, según informa José Carlos Aguado en El Mundo.
La concesión provisional de este gran volumen de agua destinada a regar 335 hectáreas de algodón, remolacha, maíz y girasol, ubicadas en localidades de la comarca del Condado, se resolvió favorablemente en un tiempo récord, ya que mientras esta autorización tan sólo tardó en tramitarse 19 días, en la misma fecha se aprobaron 14 concesiones más cuyos trámites se prolongaron durante casi un año, según los registros internos de la propia Secretaría General de Aguas en Huelva.
El expediente de resolución de esta concesión, al que ha tenido acceso EL MUNDO Andalucía, acuerda derivar un volumen máximo anual de 1.254.747,5 metros cúbicos de aguas públicas subterráneas a la Comunidad de Regantes Corumbel-Corunjoso con destino al riego de 335 hectáreas situadas en los términos municipales de La Palma del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa, localidades de la comarca del Condado onubense de donde es natural Juan Manuel López.
Según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente consultadas por este periódico, del análisis de este documento administrativo se desprende que en esta resolución no consta la intervención de ningún técnico ni existen informes preceptivos necesarios para otorgar este caudal. Sin embargo, López decide firmar la autorización como director provincial de la ya extinta Agencia Andaluza del Agua en nombre del director general de Dominio Público Hidráulico, rúbrica que realiza haciendo uso de su firma electrónica.
De esta forma, el delegado da respuesta a la solicitud presentada por Cristina Armendáriz, la mujer del gerente de la Secretaría General de Aguas –en esas fechas gerente provincial de la Agencia Andaluza del Agua– en representación de la citada comunidad de regantes.
La respuesta de López contó con un procedimiento exprés. Según consta en los registros internos de Medio Ambiente, el inicio de los trámites para esta concesión de agua se produjo con fecha 25 de marzo de 2010, día en el que la esposa del gerente de la Secretaría de Aguas y abogada presentó la petición. El 8 de abril, solamente 15 días después, el delegado estampa su firma en la resolución y el 12 de abril ya habían culminado todos los trámites.
La rapidez con la que se resuelve esta autorización contrasta con las 14 concesiones provisionales otorgadas el mismo 12 de abril de 2010. Las fechas de inicio de la tramitación corresponden a diferentes días de mayo de 2009, casi un año antes de la obtención del permiso.
Otro dato que llama la atención de este expediente es la aparición del código asignado al gerente de la Secretaría de Aguas, Antonio Agúndez, como el encargado responsable de elaborar el documento que firma López. Ligado al número de referencia del documento, aparece el acrónimo ‘AA’, código interno que coincide, según las mismas fuentes, con el asignado a Antonio Agúndez.
Pese a que la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a abstenerse a todo personal de la administración a participar en cualquier procedimiento donde intervenga algún familiar, éste no sería el primer caso en el que Agúndez y Armendáriz, marido y mujer, coinciden en expedientes de concesión de grandes volúmenes de aguas públicas, uno como responsable de la administración y la otra como asesora legal o representante de los beneficiarios.
Instrucción de Sevilla
Dos semanas después de autorizar el delegado de Medio Ambiente la concesión provisional a la comunidad de regantes representada por Cristina Armendáriz, así como a otros 14 particulares, la Dirección General de Dominio Púbico Hidráulico de la Consejería dictaba una instrucción en donde se establecían los criterios de actuación para las peticiones de permiso destinadas a concesiones de agua de carácter temporal para riego, instrucción que tiene por último objetivo evitar el abuso de estos procedimientos “excepcionales” cuya competencia recae en este departamento con sede en Sevilla.
En este documento, fechado el 26 de abril de 2010 y al que ha tenido acceso este periódico, el director general de Dominio Público Hidráulico de la extinta Agencia Andaluza del Agua, actualmente Secretaría General de Aguas, incide en la “existencia de un número creciente de solicitudes” de este tipo de concesiones para el riego de explotaciones agrícolas.
“Se ha observado, además, que en algunos casos dichas solicitudes vienen siendo reiteradas por los mismos titulares en idéntico o parecidos términos para campañas sucesivas, lo que podría dar lugar a una suerte de autorización anual de riego que, en definitiva, contradice la regulación establecida”, añade la instrucción.
En este sentido, el director de Dominio Público Hidráulico remarca en su escrito que la utilización de aguas públicas para riego de fincas agrícolas “requiere, en todo caso, de concesión administrativa previa”, cuya competencia es de la Dirección General. Asimismo, subraya que “serán denegadas y sin necesidad de trámite procedimental alguno, las solicitudes presentadas por interesados respecto de lo que no conste la existencia de expediente concesional abierto”.
En el caso de la derivación de 1,2 millones de metros cúbicos de agua subterráneas otorgados por el departamento adscrito a la Delegación de Medio Ambiente a los regantes de Corumbel-Corunjuso, a petición de la mujer del gerente de la Secretaría de Aguas en Huelva, no constan informes preceptivos y López firma la resolución “por delegación” del director general de Dominio Público Hidráulico de la Consejería.
RESPUESTA DE LA JUNTA
La Delegación Provincial de Medio Ambiente asegura en una nota que “ha tratado de la misma manera todas las solicitudes para la concesión a precario para la campaña de riego 2009/2010, de aguas públicas para el riego presentadas por las comunidades de regantes, sin que haya tenido ningún trato diferencial con regantes de los términos municipales de La Palma del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa. Además, las solicitudes, en concreto, 16, para las concesiones se realizó al inicio de campaña, es decir, a finales de mayo de 2009″.
La superficie que se encuentra entre estos términos municipales viene regando con anterioridad a la década de los años 90 cultivos de temporada (maíz, algodón, remolacha,…) de la misma forma. La zona está declarada de interés general del Estado, si bien no puede abastecerse de aguas superficiales por no existir las infraestructuras necesarias o por ser insuficientes los actuales recursos hídricos. Por ello, el aprovechamiento se realiza a través de pozos particulares en el interior de esta zona, que vienen obteniendo concesiones a precario desde principios de los años 2000, con objeto de regularizar al menos parcialmente su situación.
Así, el 6 de abril de 2010 fue otorgada concesión a precario para la campaña de riego 2009/2010, de aguas procedentes del acuífero de Niebla, de 355 hectáreas en los municipales de La Palma del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa, superficie que está integrada en la referida zona regable de la Comunidad de Regantes Corumbel-Corunjoso. Estas concesiones se han otorgado tanto desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con anterioridad al año 2005, como por la extinta Dirección General de la cuenca Atlántica, a partir de esta fecha.
En esa fecha se otorga también la concesión a precario de la campaña 2009/2010 a otras 15 comunidades de usuarios de esta parte de la cuenca, de igual forma que se ha realizado en campañas anteriores.
Concesión de la autorización
Por último, en relación con la información publicada hoy en un diario y que vincula a un alto cargo con la concesión de estas autorizaciones, hay que aclarar que se trata de un funcionario que de forma temporal ocupa un puesto de libre designación y que su intervención en el expediente al que hace referencia este periódico, como en el resto de los de comunidades de usuarios, se limita a colgar en el portafirma la propuesta de resolución para su firma electrónica.
Huelvaya

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