El Juzgado los llama a declarar por presunta prevaricación y fraude junto a cuatro propietarios de Dunas de Doñana · El Ayuntamiento pagó por la instalación 7, 5 millones de euros · PP, PA e IU se opusieron
El Juzgado de Instrucción Número 3 de La Palma del Condado ha llamado a declarar en calidad de imputados a Francisco Bella (PSOE) y toda la plana de 12 concejales que le secundaron durante la legislatura 2007-2011, a consecuencia del procedimiento de compra del 100% de las acciones de Exclusivas Doñana, propietaria del Campo de Golf Dunas de Doñana en Matalascañas.
Sobre dichos gestores públicos planean los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en contratación pública, así como la nómina de cuatro administradores y propietarios de la empresa privada, entre los que se encuentra el también ex alcalde socialista Juan Antonio Castellano.
Dentro de las diligencias previas el magistrado Santiago Muñoz ha citado a declarar el próximo lunes 14 de mayo al ex alcalde, mientras que el miércoles y el jueves completarán la ronda de interrogatorios al resto de testigos imputados.
La compra del campo de golf fue la operación más controvertida del mandato de Francisco Bella. Con la oposición frontal de PP, PA, IU e Independientes se llevó a cabo la adquisición de las instalaciones deportivas por valor de 7.500.000 euros.
Tras una negociación bilateral entre la empresa y el entonces alcalde se llegó al acuerdo de satisfacer esta cuantía mediante la permuta de 14 parcelas en la aldea de El Rocío, en el sector Santaolalla Sur, cada una de las cuales disponía de una superficie de 150 metros cuadrados y un valor de tasación de 287.857 euros. Esos 4.030.000 euros en inmovilizado se complementarían con la asunción de la hipoteca que pesaba sobre las instalaciones, que ascendía a 750.000 euros, y se fijaba un calendario de pago de otros 428.205 euros durante seis anualidades.
La oposición en bloque siempre mantuvo que la adquisición "sorteó el procedimiento legalmente establecido y se amoldó al protocolo suscrito en noviembre de 2008 entre las partes, pagándose un sobreprecio".
De igual modo, denunciaron que el negocio radicaba en que a Exclusivas Doñana se le permitió aumentar la volumetría urbanizable del terreno donde se asentaría la infraestructura deportiva a cambio de que se mantuviera el campo de golf, dado los beneficios turísticos que a Matalascañas podía reportarle.
En este sentido denunciaron que la empresa firmó "el negocio del siglo tras extraer todo los beneficios directos del ladrillo mientras que, posteriormente, vendió al Ayuntamiento el deficitario campo de golf; embolsándose el dinero de las ganancias y dejando las pérdidas a los almonteños".
Con respecto al supuesto sobreprecio, uno de los ejes de la acusación aporta como prueba que en unas escrituras de compraventa en 2006 Exclusivas Doñana fijó su valor en 3.400.000 euros, momento en el que no arrastraba pérdidas. Sin embargo, en 2009, cuando la crisis ya produjo una brutal depreciación de los activos inmobiliarios y la empresa corría hacia la quiebra "con un balance negativo de 500.000 euros anuales, Francisco Bella adquirió con el dinero de los ciudadanos la citada entidad mercantil por 7,5 millones de euros".
El Consejo de Gobierno de la Junta también tiró por tierra el expediente administrativo, tras argumentar que la adquisición de la entidad mercantil precisaba del informe técnico donde se acreditase "el beneficio para el conjunto de la localidad y no de determinadas personas", apostillaron en su día fuentes del Ayuntamiento.
Por su parte, los socialistas siempre han defendido que la operación se ajustó a derecho y se desarrolló con luz y taquígrafos, mediante el desarrollo de varias sesiones plenarias, contando además con el aval en la operación del secretario e interventor del Ayuntamiento.
El portavoz del PSOE, José Villa, vaticinó que la denuncia penal "no prosperará", al partir de argumentos "maleados de forma torticera y con aviesos intereses". Es el caso, cita, que centren el corpus de la denuncia en la tasación municipal de las acciones en 2,7 millones de euros, obviando que sólo se valora el inmovilizado y no se pronuncia sobre el terreno que ocupa el campo y su valor como infraestructura deportiva.
Asimismo, recordó que los técnicos de la Diputación tasaron Exclusivas Doñana en 7,5 millones de euros, precisamente el precio que se tomó como referencia para fijar el valor de la entidad mercantil.
En paralelo al desarrollo del proceso penal, el Ayuntamiento, con el apoyo de PP e IU, ha iniciado por vía administrativa el expediente para obtener la nulidad de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Exclusivas Doñana SL.
Tras el trámite plenario es ahora el Consejo Consultivo de Andalucía el que debe de pronunciarse y determinar si esta petición se ajusta a derecho en virtud de los posibles defectos de forma que podrían haber intervenido en el proceso de compra.
El Ayuntamiento quiere deshacerse de una infraestructura que genera pérdidas anuales por valor de 400.000 euros y, a su misma vez, evitar el pago de 1,8 millones de euros que aún quedan pendientes de abonar a los accionistas y administradores de la empresa privada. La hipotética nulidad implicaría, igualmente, el retorno de otro millón de euros y la devolución de las parcelas en El Rocío que, a pesar de la crisis y de la depreciación inmobiliaria, tendrían mejor salida que una infraestructura deficitaria.
Estos recursos se presumen fundamentales para garantizar la viabilidad del plan de ajuste. Sin ellos, el Ayuntamiento no tendrá más opciones que acometer recortes en la plantilla municipal.
Sobre dichos gestores públicos planean los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en contratación pública, así como la nómina de cuatro administradores y propietarios de la empresa privada, entre los que se encuentra el también ex alcalde socialista Juan Antonio Castellano.
Dentro de las diligencias previas el magistrado Santiago Muñoz ha citado a declarar el próximo lunes 14 de mayo al ex alcalde, mientras que el miércoles y el jueves completarán la ronda de interrogatorios al resto de testigos imputados.
La compra del campo de golf fue la operación más controvertida del mandato de Francisco Bella. Con la oposición frontal de PP, PA, IU e Independientes se llevó a cabo la adquisición de las instalaciones deportivas por valor de 7.500.000 euros.
Tras una negociación bilateral entre la empresa y el entonces alcalde se llegó al acuerdo de satisfacer esta cuantía mediante la permuta de 14 parcelas en la aldea de El Rocío, en el sector Santaolalla Sur, cada una de las cuales disponía de una superficie de 150 metros cuadrados y un valor de tasación de 287.857 euros. Esos 4.030.000 euros en inmovilizado se complementarían con la asunción de la hipoteca que pesaba sobre las instalaciones, que ascendía a 750.000 euros, y se fijaba un calendario de pago de otros 428.205 euros durante seis anualidades.
La oposición en bloque siempre mantuvo que la adquisición "sorteó el procedimiento legalmente establecido y se amoldó al protocolo suscrito en noviembre de 2008 entre las partes, pagándose un sobreprecio".
De igual modo, denunciaron que el negocio radicaba en que a Exclusivas Doñana se le permitió aumentar la volumetría urbanizable del terreno donde se asentaría la infraestructura deportiva a cambio de que se mantuviera el campo de golf, dado los beneficios turísticos que a Matalascañas podía reportarle.
En este sentido denunciaron que la empresa firmó "el negocio del siglo tras extraer todo los beneficios directos del ladrillo mientras que, posteriormente, vendió al Ayuntamiento el deficitario campo de golf; embolsándose el dinero de las ganancias y dejando las pérdidas a los almonteños".
Con respecto al supuesto sobreprecio, uno de los ejes de la acusación aporta como prueba que en unas escrituras de compraventa en 2006 Exclusivas Doñana fijó su valor en 3.400.000 euros, momento en el que no arrastraba pérdidas. Sin embargo, en 2009, cuando la crisis ya produjo una brutal depreciación de los activos inmobiliarios y la empresa corría hacia la quiebra "con un balance negativo de 500.000 euros anuales, Francisco Bella adquirió con el dinero de los ciudadanos la citada entidad mercantil por 7,5 millones de euros".
El Consejo de Gobierno de la Junta también tiró por tierra el expediente administrativo, tras argumentar que la adquisición de la entidad mercantil precisaba del informe técnico donde se acreditase "el beneficio para el conjunto de la localidad y no de determinadas personas", apostillaron en su día fuentes del Ayuntamiento.
Por su parte, los socialistas siempre han defendido que la operación se ajustó a derecho y se desarrolló con luz y taquígrafos, mediante el desarrollo de varias sesiones plenarias, contando además con el aval en la operación del secretario e interventor del Ayuntamiento.
El portavoz del PSOE, José Villa, vaticinó que la denuncia penal "no prosperará", al partir de argumentos "maleados de forma torticera y con aviesos intereses". Es el caso, cita, que centren el corpus de la denuncia en la tasación municipal de las acciones en 2,7 millones de euros, obviando que sólo se valora el inmovilizado y no se pronuncia sobre el terreno que ocupa el campo y su valor como infraestructura deportiva.
Asimismo, recordó que los técnicos de la Diputación tasaron Exclusivas Doñana en 7,5 millones de euros, precisamente el precio que se tomó como referencia para fijar el valor de la entidad mercantil.
En paralelo al desarrollo del proceso penal, el Ayuntamiento, con el apoyo de PP e IU, ha iniciado por vía administrativa el expediente para obtener la nulidad de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Exclusivas Doñana SL.
Tras el trámite plenario es ahora el Consejo Consultivo de Andalucía el que debe de pronunciarse y determinar si esta petición se ajusta a derecho en virtud de los posibles defectos de forma que podrían haber intervenido en el proceso de compra.
El Ayuntamiento quiere deshacerse de una infraestructura que genera pérdidas anuales por valor de 400.000 euros y, a su misma vez, evitar el pago de 1,8 millones de euros que aún quedan pendientes de abonar a los accionistas y administradores de la empresa privada. La hipotética nulidad implicaría, igualmente, el retorno de otro millón de euros y la devolución de las parcelas en El Rocío que, a pesar de la crisis y de la depreciación inmobiliaria, tendrían mejor salida que una infraestructura deficitaria.
Estos recursos se presumen fundamentales para garantizar la viabilidad del plan de ajuste. Sin ellos, el Ayuntamiento no tendrá más opciones que acometer recortes en la plantilla municipal.
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