Los ayuntamientos lo vieron como la solución a los graves
problemas de liquidez. Todos sufrían serios apuros para seguir pagando nóminas
y deudas y todos se agarraron a la oferta, aunque fuera un clavo ardiendo, como
reconoció a este periódico el pasado fin de semana el representante de la
Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Javier Camacho
(IU): "La Mancomunidad de Aguas y Servicios (MAS) no está para lograr que
los ayuntamientos tengan recursos. Nos equivocamos". Ahora, se buscan "nuevas
fórmulas de consolidación financiera" que se traducen en la cesión de
gestión a empresas privadas.
Ese "error" que ve claro Camacho no se reconoce desde la empresa, aunque se grita a voces desde los ayuntamientos, que se sienten "engañados" por una promesa que ahora la ven como la gallina de los huevos de oro que se fue. Y es que MAS captó hace ahora dos años (el 15 de noviembre de 2010) a 70 ayuntamientos de la provincia, cuyos alcaldes dieron luz verde a la propuesta de concesión demanial de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración a su empresa pública Giahsa por un periodo de 30 años, lo que supone un coste anual de 10,5 millones.
El paso dado por el plenario mancomunado, así como la aprobación de la medida por cada pueblo en Pleno, se presentaba como algo esencial para que MAS y Giahsa (su empresa instrumental) consiguieran el sí definitivo al préstamo principal de 110 millones de euros (ampliables a 40 más) que tenían solicitado a un grupo de entidades financieras que finalmente no se consiguió. La extinta Banca Cívica-Cajasol salvó los muebles de MAS en agosto del año pasado con un crédito de 12 millones, pero insuficiente en el medio y largo plazo. La verdadera operación diseñada consistía en que, una vez obtenido el dinero, los municipios recibirían una importante inyección económica por adelantado que oscilaba, según se anunció en su día, entre los 10.264.297 euros que llegarían a Isla Cristina y los 327.785 de Cumbres de Enmedio. Cifras que suponían más que un respiro par la situación (agónica en muchos casos) de las cuentas municipales, al tiemopo que se fidelizaba jurídica y administrativamente a los ayuntamientos y la clientela para los próximos lustros en la prestación de los servicios de aguas.
Pero ese dinero adelantado no ha llegado y los socios con multitud de sueldos sin pagar por falta de liquidez comienzan a rebelarse y a dejar esa asociación que parecía la soluciona sus problemas.
La interpretación de la mancomunidad es otra. "Ningún Ayuntamiento puede decir ahora que se unió a MAS porque se le prometió otra cosa distinta que un buen servicio", asegura un portavoz de la empresa. Se basa, ahora, en que "la Mancomunidad no es un proyecto financiero, es una entidad creada para prestar un buen servicio" y, por consiguiente, "no es la salvación de nadie, no puede serlo -reiteran desde Giahsa-; como mucho puede ser una ayuda para poder hacer las cosas un poco mejor". Aunque sí se reconoce que en unos momentos como los actuales de crisis y de una "feroz competencia" por parte de los grandes grupos empresariales en el sector del agua, "planteamos la posibilidad de que ese canon anual pudiera capitalizarse", es decir, hacerse efectivo ahora el importe de los quince primeros años. Y eso es lo que reclaman los ayuntamientos. Pero la empresa no ha logrado fórmulas de financiación que hagan efectiva esa propuesta. Sus responsables aseguran no haber dejado de trabajar "ni un sólo día en fórmulas que permitan financiar esa capitalización, tanto con las entidades bancarias como con otras corporaciones empresariales". Y se defienden de las acusaciones de impago: "Los 69 ayuntamientos que componen MAS han percibido de Giahsa el equivalente al canon que les corresponde, tanto de 2011 como de 2012".
Sea como fuere, lo que nadie puede negar es que Giahsa está sometida a tensiones de tesorería (la empresa también lo reconoce) ante las dificultades de obtener un crédito. Y eso es lo que ha le empujó a que hace dos meses apostase por la externalización del servicio de depuradoras (o privatización parcial , según se quiera) de aguas residuales y estaciones de bombeo en la Costa, el Andévalo y el Entorno de Doñana.
El contrato, con una duración inicial de 4 años con una prórroga opcional por otros dos, repercutirá un canon de 15 millones para aliviar sus cuentas. Aún así, se sigue negando la privatización desde la empresa, aunque sólo unos días después de la adjudicación de estos servicios el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, asegurase que puede haber más "externalizaciones". Dejaba así abierta la puerta a la privatización parcial de los servicios de recogida de basura, un camino que ya han emprendido ayuntamientos como Lepe hace dos años o más recientemente Gibraleón. La privatización de la gestión del ciclo integral del agua es ya efectiva en Lepe, Bollullos Par del Condado, Moguer, Hinojos, sin olvidar el caso de la capital, que privatizó el 49% de las acciones, que fueron a parar a Aquagest. Los anteriores municipios entregaron el servicio a Aqualia, incluido el núcleo almonteño de Matalascañas. A ellos hay que unir las bajas anunciadas de Cartaya, San Juan del Puerto, Valverde del Camino e Higuera de la Sierra.
Se inicia así el cambio de rumbo en la defensa de una gestión pública del agua, que amenaza la continuidad del pacto del agua suscrito entre PSOE, PP, IU y PA hace ahora un año para mantener el servicio público en lo que al ciclo integral del agua se refiere.
Ese "error" que ve claro Camacho no se reconoce desde la empresa, aunque se grita a voces desde los ayuntamientos, que se sienten "engañados" por una promesa que ahora la ven como la gallina de los huevos de oro que se fue. Y es que MAS captó hace ahora dos años (el 15 de noviembre de 2010) a 70 ayuntamientos de la provincia, cuyos alcaldes dieron luz verde a la propuesta de concesión demanial de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración a su empresa pública Giahsa por un periodo de 30 años, lo que supone un coste anual de 10,5 millones.
El paso dado por el plenario mancomunado, así como la aprobación de la medida por cada pueblo en Pleno, se presentaba como algo esencial para que MAS y Giahsa (su empresa instrumental) consiguieran el sí definitivo al préstamo principal de 110 millones de euros (ampliables a 40 más) que tenían solicitado a un grupo de entidades financieras que finalmente no se consiguió. La extinta Banca Cívica-Cajasol salvó los muebles de MAS en agosto del año pasado con un crédito de 12 millones, pero insuficiente en el medio y largo plazo. La verdadera operación diseñada consistía en que, una vez obtenido el dinero, los municipios recibirían una importante inyección económica por adelantado que oscilaba, según se anunció en su día, entre los 10.264.297 euros que llegarían a Isla Cristina y los 327.785 de Cumbres de Enmedio. Cifras que suponían más que un respiro par la situación (agónica en muchos casos) de las cuentas municipales, al tiemopo que se fidelizaba jurídica y administrativamente a los ayuntamientos y la clientela para los próximos lustros en la prestación de los servicios de aguas.
Pero ese dinero adelantado no ha llegado y los socios con multitud de sueldos sin pagar por falta de liquidez comienzan a rebelarse y a dejar esa asociación que parecía la soluciona sus problemas.
La interpretación de la mancomunidad es otra. "Ningún Ayuntamiento puede decir ahora que se unió a MAS porque se le prometió otra cosa distinta que un buen servicio", asegura un portavoz de la empresa. Se basa, ahora, en que "la Mancomunidad no es un proyecto financiero, es una entidad creada para prestar un buen servicio" y, por consiguiente, "no es la salvación de nadie, no puede serlo -reiteran desde Giahsa-; como mucho puede ser una ayuda para poder hacer las cosas un poco mejor". Aunque sí se reconoce que en unos momentos como los actuales de crisis y de una "feroz competencia" por parte de los grandes grupos empresariales en el sector del agua, "planteamos la posibilidad de que ese canon anual pudiera capitalizarse", es decir, hacerse efectivo ahora el importe de los quince primeros años. Y eso es lo que reclaman los ayuntamientos. Pero la empresa no ha logrado fórmulas de financiación que hagan efectiva esa propuesta. Sus responsables aseguran no haber dejado de trabajar "ni un sólo día en fórmulas que permitan financiar esa capitalización, tanto con las entidades bancarias como con otras corporaciones empresariales". Y se defienden de las acusaciones de impago: "Los 69 ayuntamientos que componen MAS han percibido de Giahsa el equivalente al canon que les corresponde, tanto de 2011 como de 2012".
Sea como fuere, lo que nadie puede negar es que Giahsa está sometida a tensiones de tesorería (la empresa también lo reconoce) ante las dificultades de obtener un crédito. Y eso es lo que ha le empujó a que hace dos meses apostase por la externalización del servicio de depuradoras (o privatización parcial , según se quiera) de aguas residuales y estaciones de bombeo en la Costa, el Andévalo y el Entorno de Doñana.
El contrato, con una duración inicial de 4 años con una prórroga opcional por otros dos, repercutirá un canon de 15 millones para aliviar sus cuentas. Aún así, se sigue negando la privatización desde la empresa, aunque sólo unos días después de la adjudicación de estos servicios el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, asegurase que puede haber más "externalizaciones". Dejaba así abierta la puerta a la privatización parcial de los servicios de recogida de basura, un camino que ya han emprendido ayuntamientos como Lepe hace dos años o más recientemente Gibraleón. La privatización de la gestión del ciclo integral del agua es ya efectiva en Lepe, Bollullos Par del Condado, Moguer, Hinojos, sin olvidar el caso de la capital, que privatizó el 49% de las acciones, que fueron a parar a Aquagest. Los anteriores municipios entregaron el servicio a Aqualia, incluido el núcleo almonteño de Matalascañas. A ellos hay que unir las bajas anunciadas de Cartaya, San Juan del Puerto, Valverde del Camino e Higuera de la Sierra.
Se inicia así el cambio de rumbo en la defensa de una gestión pública del agua, que amenaza la continuidad del pacto del agua suscrito entre PSOE, PP, IU y PA hace ahora un año para mantener el servicio público en lo que al ciclo integral del agua se refiere.
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