Ante el limbo jurídico que se encuentran algunas
barriadas, construidas pero no acabadas debido a la crisis económica, y
aprovechándose del movimiento antideshaucios, algunas formaciones políticas
animan a la ocupación de viviendas de aquellas familias que han tenido que
abandonar su vivienda por impago, otras que se encuentran cohabitando con
padres y hermanos en una misma vivienda llegando al hacinamiento, otras son jóvenes parejas que con cargas familiares
no pueden emanciparse y acceder a una vivienda porque no le conceden una
hipoteca, no tienen trabajo o el sueldo no le llega para pagar una hipoteca.
Alrededor de estas ocupaciones se adhieren otros elementos que nadan tiene que
ver con esas necesidades sino que actúan amparándose en ese movimiento provocando
que al final esas barriadas se conviertan en marginales provocando problemas
con los vecinos aledaños. Muchos vecinos reclaman al ayuntamiento que actúen
expulsando a los “okupas” desconociendo que no tiene ninguna competencia en la
materia, que esas barriadas, aunque en el limbo jurídico tienen unos
propietarios, generalmente las cajas o bancos, y son estos como propietarios
los que tendrían que actuar o bien jurídicamente o con acuerdos con los
“okupas”.
Lo que es evidente es que se tiene que dar una solución
por el bien y tranquilidad de las familias que ocupan las viviendas y los
vecinos aledaños.
¿Qué puede hacer el alcalde? Legalmente nada. No puede
autorizar la concesión de agua porque las barriadas no tienen final de obra y
por lo tanto no tienen cédula de primera ocupación. Lo mismo ocurre con la
energía eléctrica. No puede desocuparlos porque esa barriada no es propiedad
del ayuntamiento y siendo así se necesitaría un proceso judicial.
Si puede presionar a las entidades bancarias, propietarias
de las barriadas, para que encuentren una solución en forma de acuerdo con las
familias para el arrendamiento-social de las viviendas.
Pero eso sólo no basta. Debe de tener un apoyo social y
la sociedad debe actuar también en el
mismo sentido.
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