María de la O Carrellán, una de las concejalas imputadas por prevaricación en las obras del recinto ferial ha presentado su dimisión, con la que trata de poner fin a su actividad pública en el Ayuntamiento de Bollullos par del Condado.
Fuentes socialistas han querido circunscribir esta dimisión únicamente a motivos personales, que nada tienen que ver con el curso de los acontecimientos judiciales. En este sentido recuerdan que la presunción de inocencia es un derecho que asiste a todos los ciudadanos y, como tal, las fuerzas políticas "debemos de abstenernos de realizar juicios de valor" hasta que exista una sentencia firme en uno u otro sentido.
El escrito de renuncia será ratificado por el Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria, aunque el partido aun no ha decidido ni oficializado quien le sustituirá en la cámara local.
El portavoz socialista, Carlos Sánchez, se mostró indignado del "deleznable" intento de tratar de fijar una acción-reacción entre su imputación y la dimisión, máxime cuando "esta edil ejerció únicamente en el equipo de Gobierno por un periodo de dos años, en los que desempeñó competencias en materia de Educación y, en consecuencia, no ha intervenido en nada de lo concerniente a temas del recinto ferial".
Sánchez pasó de inmediato al contragolpe y replicó que en el propio Bollullos hace escasos meses la edil popular Rocío Fernández, (número 2 en las listas del PP) dimitió para ceder su puesto a Antonio Plácido, para que éste fuese liberado por el Ayuntamiento de Bollullos, garantizándose así un sueldo dada la inestabilidad laboral que padecía y, aun así, no se ha armado ningún revuelo". Para concluir el edil emplazó al alcalde independiente, Francisco Díaz, "que se dedique a gobernar, a sanear las cuentas públicas y a mirar por los trabajadores a los que despidió, en vez de filtrar dimisiones".
Entre tanto el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado está a la espera de la celebración del juicio por las obras que ejecutó el equipo de Gobierno en los terrenos del recinto ferial, caso por el cual están imputados penalmente el ex alcalde Carlos Sánchez, así como los seis ediles que junto a él gobernaron el municipio entre 2003 y 2007.
El recinto ferial fue uno de los proyectos estrella del año 2006 para el entonces alcalde socialista y en su urbanización se invirtieron 1,8 millones de euros, a efectos de adecuar los 60.000 metros cuadrados de carácter rústicos en las inmediaciones de la A-49.
Desde un primer momento el proyecto estuvo salpicado por la polémica y obligó a la delegada de Obras Públicas de la Junta, Rocío Allepuz, a paralizar las obras por ejecutarse sin proyecto, sobre suelo "no urbanizable y especialmente protegido" por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad, por lo que le llevaba a exigir la restauración de suelo en las mismas condiciones anteriores a la actuación.
El ex alcalde Carlos Sánchez reconoce que cometió errores administrativos al tramitar el proceso sin proyecto, si bien alude a que se trata de un procedimiento meramente administrativo y no penal, pues no hubo lucro personal de ninguno de sus compañero de partido.
Fuentes socialistas han querido circunscribir esta dimisión únicamente a motivos personales, que nada tienen que ver con el curso de los acontecimientos judiciales. En este sentido recuerdan que la presunción de inocencia es un derecho que asiste a todos los ciudadanos y, como tal, las fuerzas políticas "debemos de abstenernos de realizar juicios de valor" hasta que exista una sentencia firme en uno u otro sentido.
El escrito de renuncia será ratificado por el Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria, aunque el partido aun no ha decidido ni oficializado quien le sustituirá en la cámara local.
El portavoz socialista, Carlos Sánchez, se mostró indignado del "deleznable" intento de tratar de fijar una acción-reacción entre su imputación y la dimisión, máxime cuando "esta edil ejerció únicamente en el equipo de Gobierno por un periodo de dos años, en los que desempeñó competencias en materia de Educación y, en consecuencia, no ha intervenido en nada de lo concerniente a temas del recinto ferial".
Sánchez pasó de inmediato al contragolpe y replicó que en el propio Bollullos hace escasos meses la edil popular Rocío Fernández, (número 2 en las listas del PP) dimitió para ceder su puesto a Antonio Plácido, para que éste fuese liberado por el Ayuntamiento de Bollullos, garantizándose así un sueldo dada la inestabilidad laboral que padecía y, aun así, no se ha armado ningún revuelo". Para concluir el edil emplazó al alcalde independiente, Francisco Díaz, "que se dedique a gobernar, a sanear las cuentas públicas y a mirar por los trabajadores a los que despidió, en vez de filtrar dimisiones".
Entre tanto el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado está a la espera de la celebración del juicio por las obras que ejecutó el equipo de Gobierno en los terrenos del recinto ferial, caso por el cual están imputados penalmente el ex alcalde Carlos Sánchez, así como los seis ediles que junto a él gobernaron el municipio entre 2003 y 2007.
El recinto ferial fue uno de los proyectos estrella del año 2006 para el entonces alcalde socialista y en su urbanización se invirtieron 1,8 millones de euros, a efectos de adecuar los 60.000 metros cuadrados de carácter rústicos en las inmediaciones de la A-49.
Desde un primer momento el proyecto estuvo salpicado por la polémica y obligó a la delegada de Obras Públicas de la Junta, Rocío Allepuz, a paralizar las obras por ejecutarse sin proyecto, sobre suelo "no urbanizable y especialmente protegido" por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad, por lo que le llevaba a exigir la restauración de suelo en las mismas condiciones anteriores a la actuación.
El ex alcalde Carlos Sánchez reconoce que cometió errores administrativos al tramitar el proceso sin proyecto, si bien alude a que se trata de un procedimiento meramente administrativo y no penal, pues no hubo lucro personal de ninguno de sus compañero de partido.
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