Baraja ampliar
la concesión de servicios, como ha hecho con la depuración, o dar entrada a
capital externo, al estilo de Aguas de Huelva · El PSOE pide al PP una tregua
de sus alcaldes hasta el 31 de marzo
La empresa pública Giahsa, hasta hace escasos años modelo de gestión y
entidad con beneficios, está a punto de consumar su vuelco hacia el sector
privado. Después de años de pugna política y judicial, con los grandes ayuntamientos
que dan sentido a la existencia de la empresa enfilando el camino de salida
para buscar fondos con la licitación de sus servicios de aguas y sin
posibilidad de obtener un crédito bancario, el ente instrumental de la
Mancomunidad de Servicios se debate entre dar un nuevo paso en la concesión de
servicios, iniciado con la adjudicación de la depuración a Aguas de Valencia, o
tomar la senda marcada por Aguas de Huelva y crear una sociedad mixta con la
entrada de capital privado. Para ello, explican diversas fuentes implicadas en
el proceso, negocia ya con las principales compañías del sector.
Esas son las dos opciones que se barajan ante una situación casi insostenible
en la empresa de aguas después de que varios ayuntamientos hayan amenazado con
abandonarla para sacar a concurso la gestión del agua de forma individual.
Giahsa logró frenar la desbandada municipal hace dos años creando un canon por
la cesión de las redes (propiedad local) que tendría que pagar de forma anual a
los pueblos. Ese canon podría cobrarse en un solo plazo por adelantado,
prometió la MAS, gracias al crédito de 100 millones de euros que solicitaría la
entidad; con esa fórmula, Giahsa ofrecía a los consistorios los mismos ingresos
que les aportaría una empresa privada si sacasen a concurso el servicio de
aguas. Pero el crédito no llegó y la situación económica de los consistorios ha
empeorado hasta situar a algunos al borde de la quiebra.
Ante la falta de pago, los ayuntamientos vuelven a amenazar con su salida.
Cartaya, San Juan, Higuera de la Sierra, Cortegana y hasta Rociana, con alcalde
socialista, han iniciado trámites para el abandono de la mancomunidad o
advertido sobre su próximo abandono. Valverde, Moguer y Lepe ya están fuera de
la mancomunidad. Y Almonte acaba de conceder a Aqualia la prórroga del servicio
en El Rocío y Matalascañas, decisión que le ha valido una demanda de Aquagest
Andalucía. Hay otros municipios gobernados por el PSOE que no llegan a tanto,
pero también presionan. Es el caso de Aracena, que ha llegado a conceder en
Pleno un plazo de un año a Giahsa para cumplir determinados requisitos; otros,
como Isla Cristina, obtendrían unos ingresos muy necesarios de salir a
concurso.
Giahsa ha intentado detener el éxodo pagando el canon comprometido de forma
anual, llegando incluso a concertar un crédito para ello, pero eso no es
suficiente. Ante la imposibilidad de obtener más recursos (la compañía no tiene
beneficios en la actualidad) la empresa ha decidido pasar a la acción:
convocará en breve un procedimiento para dar paso al capital privado. En
septiembre sacó a concesión el servicio de explotación telecontrolada de las
estaciones depuradoras de aguas residuales y estaciones de bombeo de aguas
residuales y pluviales. Poco después, admitía que haría lo mismo con la recogida
de basura. Y ahora estudia con los principales operadores de agua del país
(Aqualia y Aquagest son los dos que trabajan en Huelva) cuál es el mejor modelo
para garantizar la viabilidad de la compañía pública.
Para ello, el PSOE ha pedido al PP una tregua municipal, que sus ayuntamientos
no amenacen con salir ni inicien los trámites para abandonar la mancomunidad
mientras se negocia el nuevo modelo. Un periodo de tranquilidad hasta el 31 de
marzo que el PP parece estar dispuesto a conceder, aunque la autonomía
municipal a veces es difícil de controlar. La preocupación recae especialmente
sobre tres municipios: Almonte, Gibraleón y Aljaraque, ya que sin su
permanencia en Giahsa resultaría difícilmente viable sacar a concurso un
servicio provincial.
La consigna es que no haya deserciones para negociar un nuevo sistema bajo tres
premisas: mantener la gestión unificada de la provincia, garantizar los puestos
de trabajo y pacificar el mercado del agua en Huelva, convulso en los últimos
años no sólo entre mancomunidad y ayuntamientos, sino también por las denuncias
cruzadas entre empresas y mancomunidad, el conflicto laboral permanente y la
continua guerra política. Con el acuerdo que se alcance ahora se tratará de dar
cabida a todos los actores para lograr la paz que no consiguió el pacto del
agua inicial.
Desde Giahsa se ha insistido siempre en la importancia de preservar un sistema
provincial que garantice el servicio para aquellos municipios en los que su
prestación por parte de la empresa privada no sería rentable. Ese servicio da
empleo a alrededor de medio millar de personas, empleos que se pretende
mantener aunque probablemente los trabajadores tendrán que flexibilizar sus
exigencias laborales hacia la empresa. Ayer mismo, el comité de empresa se encerró
durante unas horas en la sede de la mancomunidad en la capital como paso previo
a la huelga indefinida que ha convocado a partir del 20 de diciembre para
exigir un plan de viabilidad para la compañía.
